Con el voto mayoritario del PRI y de sus aliados, el Congreso local dio luz verde a la Ley de Ordenamiento Cívico, una versión “light” de la Ley de Ordenamiento Social que pretendía restringir las manifestaciones y criminalizar la protesta social en el estado.
Quintana Roo se convirtió así en la primera entidad del territorio mexicano que regulará las protestas una vez que la legislación se publique en el Diario Oficial.
El petista Hernán Villatoro, que votó en contra junto con la panista Perla Tún y el perredista Jorge Carlos Aguilar, afirmó que a pesar de que la nueva iniciativa sustituyó a la Ley de Ordenamiento Social –aprobada fast track el pasado 25 de marzo y repudiada a escala nacional e internacional–, en la entidad “se desea acallar la libre manifestación”.
La Ley de Ordenamiento Cívico, dijo, es una “aberración jurídica” y se trata de una legislación intimidatoria debido a que, añadió, mantiene las facultades a los cuerpos policiacos para “aplicar medidas pertinentes” contra manifestaciones, además de que contraviene los artículos sexto, séptimo y noveno de la Constitución mexicana.
Y es que si bien se dio marcha atrás a la obligación de solicitar permiso con 48 horas de anticipación para realizar una protesta, así como a la prohibición de manifestarse en sitios históricos y turísticos, se mantuvo el rechazo a los bloqueos.
En defensa de la nueva norma, el diputado priista Juan Carrillo Soberanis aseguró que protege el derecho humano a libre asociación, y antes de ser aprobada, apuntó, se escucharon las opiniones de diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Artículo 19.
De ninguna manera, dijo, la nueva ley representa un ataque a la libertad de expresión; por el contrario, aclaró, “busca proteger a los que realizan marchas, manifestaciones y protestas, así como los derechos de todos los quintanarroenses”.
Sergio Bolio defendió su voto a favor al señalar que su partido, Acción Nacional, siempre busca el bien común.
En uno de sus artículos la nueva Ley de Ordenamiento Cívico destaca que la “administración pública garantizará el orden, la paz y la tranquilidad pública, y protegerá a las personas que realicen manifestaciones, marchas y plantones en espacios públicos”.
No obstante, advierte que se “tomarán las medidas necesarias” si durante las manifestaciones, marchas o plantones “se altera el orden o paz públicos, o se impide, entorpece u obstaculiza la prestación de un servicio público o se produjeran actos de violencia”.
Sobre los bloqueos, cuya prohibición se mantuvo, el Artículo 21 puntualiza:
“Queda prohibido llevar a cabo bloqueos en la vía pública. La administración pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizará el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los habitantes de Quintana Roo”.
Y otorga al ombudsman estatal facultades “para vigilar el respeto de los derechos humanos de las personas que participen en manifestaciones, marchas, plantones o bloqueos”.
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