El doctor José Manuel Mireles Valverde quedó a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, ilícito considerado grave y que no permite libertad bajo fianza.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán puso a disposición del Ministerio Público federal a los 83 miembros de autodefensas detenidos el pasado viernes en el municipio de Lázaro Cárdenas, entre ellos a Mireles Valverde.
La dependencia, en su cuenta de Twitter, dio a conocer que tras el operativo en dicha localidad fueron aseguradas 68 armas de fuego, 20 vehículos, cartuchos y cargadores.
La mañana de ayer los detenidos declararon ante el Ministerio Público, y se desconocía si las autoridades federales trasladarían a la ciudad de México a Mireles, o lo enviarían a un penal local.
El jueves Mireles llegó a La Mira, en Lázaro Cárdenas, donde en asamblea con unas 300 personas se decidió formar un grupo de autodefensa, por lo que hombres armados se apostaron en diversos puntos con armas de alto calibre.
Ante ello, fuerzas federales y estatales detuvieron a las 83 personas en un operativo conjunto.
La abogada de Mireles, Talía Vázquez Alatorre, informó también vía Twitter que el ex vocero de las autodefensas estuvo incomunicado por más de 20 horas, sin posibilidad de que su defensa lo acompañara durante su detención y declaración.
Incluso, a las 14:00 horas de ayer sábado escribió que interpondrían una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por incomunicación.
A las 16:00 horas comentó que entrarían a ver a Mireles ella y Salvador Molina, otro de sus abogados.
Más tarde, a las 18:00 horas, se dio a conocer que Mireles requería insulina debido a la diabetes que padece, pero no se la habían entregado; además escribió: “Nos dice un escolta de Mireles que el federal al mando se ponía el sombrero del doctor y se tomaba fotos junto a él burlándose”.
El arresto se dio luego de que a mediados de abril al menos 20 líderes de las autodefensas de Michoacán, entre ellos José Manuel Mireles y Estanislao Beltrán, aceptaran en votación a mano alzada que el 10 de mayo se daría el desarme, por lo que el comisionado federal Alfredo Castillo advirtió que pasada dicha fecha se detendría a cualquier persona con armas. Tras el arresto de Mireles Valverde, integrantes de las autodefensas bloquearon tres puntos de la carretera federal 200 que recorre la costa michoacana.
Semei Verdía, comandante de la guardia rural de Ostula, manifestó que es la forma de presionar al gobierno federal para que cumpla con los acuerdos ya establecidos.
“No vamos a levantar los bloqueos hasta que Castillo se siente a dialogar, hay acuerdos que se tienen que cumplir”, manifestó.
Afirmó que hasta el momento el comisionado del gobierno federal no ha emitido ninguna señal de apertura al diálogo, por lo que consideró que no sería extraño que ahora embistiera en contra de ellos.
En Morelia se realizó una marcha para exigir la liberación de las autodefensas.
La diputada independiente Selene Vázquez Alatorre, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local y hermana de la abogada del ex vocero de las autodefensas, señaló que el arresto de Mireles Valverde “derivará en una grave polarización social y puede dar pie a una confrontación ciudadana de alcances insospechados”.
Fijan postura
El comandante de la Fuerza Rural de Buenavista Tomatlán, Estanislao Beltrán, evadió opinar sobre la detención de Mireles Valverde y se remitió a señalar que “cada quien debe asumir las consecuencias de sus actos”.
En el retén del poblado de División del Norte, del municipio de Buenavista, el líder conocido como Papá Pitufo negó que él haya intervenido para el arresto de Mireles y señaló que en la última conversación que sostuvo con él [hace un mes] habían acordado no entrar a La Mira “hasta dejar en orden otras partes”.
Recordó que Mireles firmó un acuerdo el 14 de abril en donde los grupos de autodefensas dejarían las armas y se ceñirían a la legalidad, dijo.
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