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martes, 12 de agosto de 2014

El DF, campeón en desapariciones de mujeres #CDMX


Con 3 mil 492 casos, el Distrito Federal se convirtió en la ciudad con más alto índice de mujeres desaparecidas en el periodo de 2006 a 2012.



Según el Cuarto Informe del “Observatorio Contra la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y Violencia Feminicida en el Distrito Federal”, el secuestro y la desaparición forzada fueron la forma de captación más recurrente de mujeres, niñas y niños.

El organismo denuncia que en el DF se han ubicado casos “poco documentados y cuyo seguimiento es complicado debido a la falta de investigación por parte de las autoridades”.

Entre las conclusiones del informe se cuenta la urgencia de que el gobierno trabaje en conjunto para erradicar la desaparición de mujeres y la trata con fines de explotación sexual, pues constituyen “graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres y niñas, y menoscaban la seguridad”.

El Observatorio Contra la Trata de Personas asegura que otro problema en la Ciudad de México para combatir este delito es que el Estado se enfoca en la persecución, pero deja en un papel secundario la atención a las personas afectadas.

“Se busca combatir el delito a partir de una política criminal del corte de la Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, semejante al utilizado en la guerra que declaró el expresidente Felipe calderón contra el crimen organizado cuyos resultados fueron ineficaces a un precio alto de personas muertas y desaparecidas”.

Agrega que se deben diseñar e implementar políticas públicas “destinadas no sólo a la protección y asistencia de las personas afectadas por el delito, sino también encaminadas hacia la prevención, sustentada en una investigación sólida de los fenómenos que propinan la descomposición del tejido social que se ve reflejado en las propias condiciones de vulnerabilidad”.

En cuanto a la reparación del daño a las víctimas, el estudio asegura que los jueces encargados no tienen un método consensado que permita  acreditar válidamente la existencia de daño material, moral o perjuicios y su cuantificación.

Tampoco, agrega, existe fondos para esa reparación, por lo que las víctimas quedan sin poder ejercer sus derechos ni reparar su proyecto de vida.

Sobre los avances y retrocesos en el DF en materia de políticas públicas para combatir este delito, el Observatorio contra la Trata asegura que “aún no se identifica una política coherente, viable e intersectorial –como debiera ser— que enfrente el problema de la trata de personas en su dimensión integral”.

El informe concluye que ningún esfuerzo en el combate de la trata será fructífero “sino se acompaña de la voluntad política para asumir el compromiso de erradicarla a través de la acción coordinada de los distintos poderes –ejecutivo, legislativo y judicial—en los niveles locales y federal, así como de la sociedad civil y de la academia”.

Al participar en la presentación del Cuarto Informe del “Observatorio Contra la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y Violencia Feminicida en el Distrito Federal”, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, presidenta del organismo, dijo que Trata de Personas con fines de explotación sexual es el segundo delito más importante desde la perspectiva del crimen organizado.

Informó que de 2011 a lo que va de 2014, la CDHDF ha recibido 28 quejas sobre el tema y ha emitido cuatro recomendaciones hacia instancias de gobierno y del Poder Judicial en el DF por violaciones a derechos de víctimas de este delito.

María del Pilar Berrios, académica e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destacó la “descoordinación institucional” y los vacíos que deja la autoridad para tipificar e identificar plenamente el delito de trata y enfrentarlo conjuntamente.

José Bonilla Sada, director ejecutivo de la Fundación Mano Amiga A.C., consideró que este delito ha incrementado su presencia, no solo en el DF, sino en prácticamente todos los estados de la República.
Miguel Ortega Villa, director del Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio Montesinos A.C.”, afirmó que la responsabilidad de las autoridades en este problema es mucha, pero al mismo tiempo la cooperación y denuncia de la sociedad en todos los casos de sospecha es fundamental.

Con información de Proceso

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