Se trata de la tercera y cuarta recomendaciones en lo que va de este año en contra del gobierno capitalino por la presunta violación de derechos humanos, particularmente en casos de acceso a la justicia.
La primera es para la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes del Distrito Federal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, que dirige Héctor Serrano, mientras que la segunda es contra la Procuraduría General de Justicia del DF, que encabeza Rodolfo Ríos.
Esta mañana, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez, informó que la Recomendación 3/2014, dirigida a la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes del DF, responde a la afectación al derecho a la integridad personal de 22 jóvenes castigados con tratos “degradantes e inhumanos” luego de haber participado en una riña en la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes (CTEA) de San Fernando, el 17 de mayo de 2012.
Según la recomendación, la CDHDF comprobó que aquel día se violó el derecho a la salud de los afectados pues se retrasó su atención médica y no se les permitió acceder a la justicia ya que se les incomunicó con instancias para su defensa.
Por estas violaciones, el organismo autónomo recomendó a la autoridad reparar a los agraviados por concepto de daño inmaterial y -tomando en cuenta las características de las víctimas en su edad, privación de su libertad y las violaciones que sufrieron, así como las consecuencias físicas y emocionales de las mismas- realizar contacto entre las autoridades involucradas con agraviados y sus familiares, pero con la mediación de personal de la CDHDF.
También sugirió “instrumentar protocolos de respuesta ante situaciones de emergencia, en salud y atención, además de capacitar a funcionarios encargados de la custodia en estos centros con perfiles especializados de atención a adolescentes en conflicto con la ley, así como difundir entre la población juvenil sus derechos y la forma de acceder a su defensa en caso ser violentados”.
Violación al derecho de defensa
La Recomendación 4/2014 emitida por la CDHDF fue dirigida a la PGJDF por el caso de la violación al derecho a la defensa de una persona.
De acuerdo con el organismo, se acreditó que personal de la Procuraduría provocó falta de comunicación previa y detallada de la acusación formulada contra un hombre en la averiguación previa que se abrió en su contra.
Ello, dijo, generó que no se hicieran efectivas garantías relativas a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, y ser asistido por un defensor de su elección. Con ello, continuó, se afectó el procedimiento, sin un juicio justo, y se impactó en la presunción de inocencia y en su derecho a la libertad personal.
En el caso del afectado, el agente del Ministerio Público ordenó citar al agraviado pero lo hizo a través del domicilio legal de su sindicato y no a sus domicilio particular, como se formuló el escrito de denuncia, lo cual impidió al probable responsable saber de una querella en su contra.
Sin embargo, la orden de presentación y detención se emitió posteriormente para ser localizado en su domicilio legal o en el particular.
Por este caso, la CDHDF recomendó a la PGJDF “armonizar las reglas para supervisar las notificaciones de carácter personal, tanto para las personas víctimas y ofendidas del delito como a probables responsables, en los términos expuestos de este instrumento recomendatorio para no repetir estas acciones relativas a los citatorios”.
Además, solicitó dar vista a la Contraloría Interna de la PGJDF para radicar el expediente administrativo contra el personal ministerial de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos de Asuntos Especiales y Electorales, pues “sus acciones y omisiones generaron violaciones a los derechos al debido proceso y garantías judiciales en particular, el derecho a una defensa adecuada y su detención”.
La presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, dijo que el organismo se mantendrá atento y espera que las dos recomendaciones sean aceptadas íntegramente por las dependencias señaladas. Alertó que se actualizará “de manera constante” el grado de cumplimiento de cada uno de los puntos.
El pasado 31 de marzo, la CDHDF emitió las recomendaciones 1/2014 y 2/2014 en contra de la PGJDF y la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF) por violaron sus derechos de acceso a la justicia y al debido proceso al hacer detenciones irregulares y al integrar de manera incorrecta una averiguación previa.
En la edición de Proceso (1970) que circula esta semana, se publica un reportaje titulado “La mano dura de Mancera”, en el que se habla de las detenciones e irregularidades en los procesos judiciales de personas que protestan en la ciudad.
Con información de Proceso
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