Adjudicaciones sucesivas de contratos externos para el despacho de un abogado coruñés, el asesor predilecto de la concejal Áurea Soto -unos 150.000 euros desde 2007, tal y como adelantó este periódico al salir a relucir en otra investigación judicial, la de la Plaza San Antonio- y 249.000 en múltiples encargos desde 2008 a otra empresa, también de A Coruña, para redactar proyectos urbanísticos suman unos 400.000 euros adjudicados por el gobierno local a profesionales y a despachos, en detrimento del personal a nómina de la plantilla municipal. Solo en el área de abogacía, un asesor jurídico, un adjunto a este, un viceasesor, un letrado jefe y dos abogados asesores. El PP formalizó ayer su regreso a los juzgados para denunciar la política de asistencias externas reiteradas del ejecutivo local. Se persona, casualmente, con el abogado que logró la condena del exalcalde popular en Melón, Alberto Pardellas.
Asediado por la fractura del grupo socialista, en absoluta minoría y con un carrusel de imputaciones en su gobierno -sus dos tenientes de alcalde se enfrentan a acabar en un banquillo-, el regidor de Ourense, Agustín Fernández, tendrá que sortear a partir de ahora la acción conjunta de los populares, el sindicato mayoritario USO y la representación de la CIG en la denuncia en trámite por una presunta prevaricación administrativa y supuesta malversación. El PP será acusación particular en una causa que, además, se dirige contra la edil de Urbanismo y teniente de alcalde, Áurea Soto, y la directora xeral de Personal, Carmen Rodríguez Dacosta, la responsable de la agrupación municipal del PSOE.
Los tres socialistas comparten sintonía, configuran el núcleo de resistencia frente a los pachistas suspendidos de militancia, y mantienen, de momento, la etiqueta de denunciados en este proceso de investigación penal. El magistrado de Instrucción Número Uno de Ourense, Leonardo Álvarez, aún no ha decidido si los cita a declarar como imputados. Tras recabar en un oficio de diciembre abundante documentación, ha solicitado nuevas diligencias antes de decidir.
La reiteración de asistencias técnicas en detrimento de funcionarios de la casa abren la puerta a que profesionales externos se conviertan en personal fijo del ayuntamiento -u obligan a indemnizar- por fraude de ley y una cesión ilegal de trabajadores. El gobierno optó por aceptar en plantilla de manera indefinida a cinco profesionales foráneos, lo que supuso un sobrecoste en el capítulo de personal. Los contratados, además, entraron con un salario superior al que establecía su sentencia de despido, tal y como se acredita en la denuncia y los documentos que ya ha recabado el instructor.
Según las aportaciones del PP, después de estas sentencias, "el regidor y la concejala de Urbanismo realizaron una nueva asistencia técnica en materia de urbanismo por un importe mensual periódico de 2.057 euros, con el correspondiente reparo del interventor municipal.
Los políticos habrían hecho caso omiso a una circular del área de Personal de julio de 2007 en la que se ordenaba a los adjudicatarios de asistencias técnicas que debían ejercer de forma habitual en sus propios despachos, y sin más funciones que las fijadas en el contrato de servicio.
La denuncia inicial acusa a la concejala Áurea Soto de ser "perfectamente conocedora" de los reparos del interventor -levantados por Francisco Rodríguez y Agustín Fernández- y mantener una "completa ilegalidad", a través de "la peculiar e ilegal fórmula de contratos mensuales". El alcalde "era conocedor de las irregularidades", al permitir esa "ilegal situación" durante 3 meses, dictando providencias. Carmen Dacosta sería la "cooperadora necesaria" de un presunto delito de malversación de caudales públicos, cometido por las personas que tomaron la decisión de contratar al personal con retribuciones "sustancialmente superiores a las recogidas en las correspondientes sentencias", causando un "evidente perjuicio al erario público".
El PP, en una faceta evidentemente distinta al que ha llevado a cabo en el gobierno de la Diputación, ya advirtió al gobierno sobre estos contratos en el pleno de marzo de 2013. "Si no tenemos técnicos para mantener los servicios, se cierran", justificó entonces Áurea Soto.
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